En el 2002, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dictó sentencia ante el caso Rosa Lydia Vélez vs el DEPR donde se determinó que el DEPR vendría a estar obligado a proveer servicios a los estudiantes con discapacidad conforme a los términos y condiciones establecidos en la Sentencia.

El DEPR, en su compromiso por ofrecer dichos servicios según establecido, en coordinación con la monitora del caso y los abogados de la clase, han desarrollado los siguientes formularios que buscan propiciar el cumplimiento de dichas estipulaciones.